Politika

Por Osmar Gonzales

La  reciente elección presidencial realizada en Perú no solo ha traído novedades en el terreno estrictamente político, sino también en el de la vida pública y la participación en ella de los sujetos de ideas, tanto individual como colectivamente. En efecto, a pesar que en las décadas anteriores la presencia de los intelectuales en la arena política era moneda corriente, desde los años 90, es decir, a partir del gobierno fujimorista (1990-2000), retrocedieron a la vida netamente profesional y académica, salvo excepciones.

 Por otro lado, las razones o los valores que defienden, son de índole general y amplio: la democracia, la dignidad, la justicia, la libertad de pensamiento. Está claro que no se trata de un equivalente al “Manifiesto de los intelectuales” —el de Emilio Zola en defensa del capitán Alfredo Dreyfus en el París de fines del siglo XIX— por su impacto en la opinión pública, pero sí es relevante por el regreso de los intelectuales peruanos al debate público, al ágora.

Sin embargo, la influencia de los sujetos de ideas se debe más a su protagonismo mediático que a las propias ideas y valores que enarbolan y pretenden encarnar. ¿Por qué? Responder o, mejor dicho, intentar responder a esta pregunta requiere de muchos más datos y exploraciones de las que contamos en este momento, sin embargo, me arriesgo a presentar algunas hipótesis y escenarios probables.

Como señala Roger Chartier[1] tomando a Kant, y aunque suene paradójico, el espacio público se compone de individuos privados, es decir, de personas que han roto el yugo personal con los poderes tradicionales o feudales, propios del Antiguo Régimen. En el Perú, y por varios motivos —entre los que se debe contar la reforma agraria del gobierno velasquista (1968-1975), además de las migraciones del campo a la ciudad en motivadas en buena parte porque los objetivos económicos de aquella no se alcanzaron y de las luchas por sus tierras—, los siervos y campesinos que dependían de la voluntad del gamonal y del terrateniente encontraron su libertad, rompiendo su dependencia subhumana de los gamonales. Al ser sujetos libres no solo pudieron desplazarse por todo el país, sino, sobre todo, fueron construyendo las condiciones de su constitución como sujetos de derechos y deberes, como seres autónomos, y asumir contratos.[2] Si bien es cierto que el reformismo militar fracasó en muchos aspectos, no se puede negar que fue fundamental —por los procesos sociales que desató—, para la actual constitución ciudadana de nuestro país. Aquellos habitantes de los Andes que no existían en la mirada oficial fueron arrebatando al Estado políticas que favorecieran su pertenencia a la comunidad nacional.

Más adelante, el reemplazo temprano del gobierno velasquista (casi siete años es poco para las transformaciones que se había propuesto realizar) dejó esos procesos inconclusos. Ello tuvo como una de sus principales consecuencias la incongruencia entre el aparato estatal reformado a medias y la nueva sociedad que ya estaba emergiendo. De este modo, se fue germinando un clima social de descontento y violencia, que posteriormente brotaría brutalmente en los años 80, como sabemos. Esto sin contar con la híper crisis económica y los gobiernos desastrosos que se sucedieron.

Los nuevos sujetos sociales que se fueron conformando exigieron —con un nivel de conciencia social e identificación ideológica y política crecientes— derechos que el Estado precario no era capaz de atender. Así, la inflación educativa (tomo prestado un término de François Bourricaud)[3] quedó sin satisfacer, las demandas de inclusión sin respuesta, la integración ciudadana incompleta (tanto que hasta el día de hoy, incluso desde el propio Presidente de la República, se habla de ciudadanos de segunda), la libertad como un valor para las élites y la igualdad de oportunidades como una utopía. El panorama entonces es el de una sociedad fragmentada, no obstante que son indudables los avances de integración que se pueden observar en algunas zonas de Lima, Callao y de otros centros urbanos como Trujillo, Chiclayo o Arequipa, por ejemplo.

En el plano político el resultado que se puede observar es el de un conjunto de sectores sociales que no han podido encontrar representaciones políticas fidedignas y eficaces para procesar y resolver sus demandas. Es decir, gran parte de aquellos sujetos liberados desde fines de los años 60 no encontraron los espacios y las instituciones necesarias para su realización personal y colectiva. De este modo, el espacio público deliberante que se constituyó fue uno incompleto, distorsionado y desigual. Ya en los años 80, es decir, en los de la vuelta a gobiernos constitucionales, cuando se pensaba que podían tener la oportunidad de empatar la sociedad transformada con una nueva organización institucional, los partidos existentes no fueron capaces de dialogar con la nueva sociedad y menos de atender las exigencias de esta. Por el contrario, si en algo fueron eficaces fue en distanciarse aun más de los sectores sociales que idealmente deseaban expresar, ocasionando de esta manera un mayor déficit de representación, marcando una brecha más amplia entre representantes (en crisis) y representables (en cambio).

 Dentro del contexto someramente descrito, apareció el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), que encontró un campo fértil para que sus duras críticas en contra de los llamados “partidos tradicionales” tuvieran alta aceptación social. Centralizando el Estado y fragmentando más aun a la sociedad mediante la aplicación de medidas clientelistas, así como apelando a la corrupción de los dueños de los medios de comunicación, el fujimorismo fue moldeando un tipo de gobierno y de sociedad acorde con el modelo económico que deseaba poner en práctica. Fue entonces que aparecieron los perversos periódicos “chicha” corrompiendo tanto el idioma como las mentes de los lectores, exhibiendo en sus portadas —de manera brutal—sexo y violencia, es decir, estimulando los instintos y no la reflexión. Igualmente, las pantallas de televisión se llenaron con cómicos ambulantes —quienes con su directo lenguaje y gestos de evidente contenido coprolálico, fueron copando los espacios que deberían pertenecer a la ironía y la inteligencia—, ayudando a moldear sujetos a-críticos y desinformados; y todo esto sin mencionar los talk-show con sus historias inverosímiles, pero que siempre apuntaban a la denigración de los peruanos y a expandir una forma de mirar la vida desconectada de los problemas más importantes. El homo videns que temía Giovanni Sartori[4] encontraba en el Perú fujimorizado su dramática materialización. Vargas Llosa resume así el impacto fujimorista sobre la sociedad.

El régimen de Fujimori y Montesinos —da vergüenza decirlo— fue popular. Contó con la solidaridad de la clase empresarial por su política de libre mercado y la bonanza que trajo la subida de los precios de las materias primas, y de amplios sectores de las clases medias por los golpes asestados a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuyas acciones terroristas —apagones, secuestros, cupos, bombas, asesinatos— las tenían en la inseguridad y el pánico. Sectores rurales y lumpen fueron ganados mediante políticas asistencialistas de repartos y dádivas. Quienes denunciaron los atropellos a los derechos humanos, las torturas, desapariciones y aniquilamiento masivo de  campesinos, trabajadores y estudiantes acusados (falsamente en la mayoría de los casos) de colaborar con el terrorismo, fueron perseguidos e intimidados, y sufrieron toda clase de represalias. Montesinos prohijó la floración de una ‘prensa chicha’ inmunda, cuya razón de ser era hundir en el oprobio a los opositores mediante escándalos fabricados.

Los medios de comunicación fueron sobornados, extorsionados y neutralizados, de modo que el régimen sólo contó con una oposición en la prensa minimizada y en sordina, la necesaria para jactarse de respetar la libertad de crítica. Periodistas y dueños de medios de comunicación eran convocados por Montesinos a su oscura cueva del Servicio de Inteligencia, donde no sólo se les pagaba su complicidad con bolsas de dólares, también se les filmaba a escondidas para que quedaran pruebas gráficas de su vileza. Por allí pasaban empresarios, jueces, políticos, militares, periodistas, representantes de todo el espectro profesional y social. Todos salían con su regalo bajo el brazo, encanallados y contentos.

La Constitución y las leyes fueron adaptadas a las necesidades del dictador, a fin de que él y sus cómplices parlamentarios pudieran reelegirse con comodidad. Las pillerías no tenían límite y llegaron a batir todas las marcas de la historia peruana de la corrupción. Ventas de armas ilícitas, negocios con narcotraficantes a quienes la dictadura abrió de par en par las puertas de la selva para que sus avionetas vinieran a llevarse la pasta básica de cocaína, comisiones elevadas en todas las grandes operaciones comerciales e industriales, hasta sumar en diez años de impunidad la asombrosa suma de unos seis mil millones de dólares, según cálculos de la Procuraduría que, al volver la democracia, investigó los tráficos ilícitos durante el decenio.[5]

Si la risa fácil tomó el lugar que le correspondía a la capacidad de pensar, si las imágenes usurparon el de la escritura (por ello no es casual que los diarios ofrezcan más fotos que texto), si el observador ha suplantado al lector, y si el espectáculo y el chisme tomaron las plazas de la cultura y de la preocupación ciudadana por el porvenir del país, entonces es más entendible por qué las prédicas intelectuales (racionales y razonables, lógicas y sustentadas) no encuentran posibilidades de arraigarse en la conciencia social. La consecuencia es que tenemos muchos sujetos pero pocos ciudadanos y menos una comunidad ciudadana activa e informada en clave política y democrática. Todo ello se expresó en sus máximas cotas en el proceso electoral de este año.

El papel nefasto que cumplió la mayoría de los medios de comunicación —especialmente escritos—, se tradujo en las planas periodísticas que solo respondieron a las órdenes o directivas del dueño (ni siquiera ya del director del diario o del informativo radial) para, como en un cargamontón, dejar en evidencia que su único propósito era atacar a Humala. Sin ideas ni argumentos, solo se apoyaron en mensajes explícitamente distorsionados. El problema no reside en que cada componente de la prensa peruana tome sus posiciones políticas y las divulguen, pero sí es preocupante cuando las noticias son dirigidas maledicientemente, a pesar que se sabía que se estaba mintiendo. Hasta los periódicos y periodistas que se reputaban de serios, en este proceso electoral se mostraron como empleados más que como generadores de opinión pública, ligados a los poderes económicos y políticos más que a su responsabilidad de cara a la ciudadanía. No me imagino a los fundadores de nuestro periodismo moderno —como Abraham Valdelomar, Federico More, Leonidas Yerovi, José Carlos Mariátegui y otros—, pensando al momento de escribir sus artículos en lo que diría Alberto Ulloa, el director de La Prensa, en donde laboraba tan selecto puñado de cagatintas. Sus manos nunca temblaron en el momento de plasmar una opinión, y siempre dijeron desenfadadamente lo que pensaban. Hoy ese buen ejemplo no es seguido por gran parte de la prensa peruana.

Así descrita la situación se hace entendible por qué el poco afecto por la discusión de ideas y las razones de su escasa influencia. Ni existe preocupación de buena parte los emisores de hacer circular ideas y debatirlas, ni un conjunto de ciudadanos —salvo un pequeño núcleo— activamente informados que las reciban, las procesen y las vuelvan parte de la opinión pública. Para volver a Vargas Llosa se puede afirmar que influye porque es continuo objeto de fotos y reportajes, pero aun así, estudiantes universitarios —en encuesta televisiva de hace pocas semanas— nos mostraron que no pudieron reconocer su imagen, a pesar de la profusión con la que su rostro ha aparecido en todos los medios. Su prestigio social no reside en su calidad de escritor sino en los que otros —a los que de alguna forma la sociedad les ha concedido autoridad— dicen de él. Por lo que se puede colegir, la influencia de Vargas Llosa se ha concretado y concentrado en sus círculos inmediatos, tanto profesionales (los escritores, por ejemplo) como sociales (los privilegiados por distintas razones). Aunque como contraparte, también ha sido capaz de generar odios viscerales que se han transmitido por las redes sociales hasta llegar al extremo de proponer la quema de sus libros: inquisidores redivivos que poco interés tienen por la difusión de la cultura y que sin embargo acusan a los otros de intolerancia.[6] Lamentablemente, se puede constatar en nuestra sociedad pluricultural mucho de racismo, que mezclado con las exclusiones sociales, conforman un coctel explosivo que exacerba lo peor de nuestra conciencia colectiva. Ni qué hablar del impacto que han podido alcanzar los pronunciamientos que otros profesionales —prestigiosos todos ellos— han difundido con la pretensión de encauzar a los electores. ¿Quiénes los leyeron? Seguramente los que ya no tenían ninguna necesidad de escuchar recomendación alguna porque ya habían decidido a quién otorgar su voto. Y los que no se mostraban sensibilizados ante la invocación de los intelectuales difícilmente iban a variar su posición luego de leer los comunicados ya señalados.

Como afirmé en páginas anteriores, si no hay un campo intelectual y un campo político medianamente desarrollados es muy difícil que opiniones valiosas puedan ser escuchadas y digeridas, y por lo tanto con capacidad de impactar positivamente en la constitución ciudadana.[7] El terreno de la opinión pública actual no es fértil para ese tipo de argumentaciones, aunque tampoco se puede decir que los peruanos no sean capaces de procesar sus propias opiniones sobre la política y sus actores, como ya las diferentes elecciones nos lo han mostrado. Considero que es necesario un estudio que explore en los terrenos, relaciones y procesos que crean para arribar a sus decisiones al momento de elegir autoridades.[8]

Haríamos mal en insistir en el impacto social de los pronunciamientos de los académicos e intelectuales. Debemos girar nuestra mirada y dirigirla directamente a los sujetos de ideas.

Dejando a un lado el problema de la eficacia de los intelectuales como políticos activos, no cabe duda de su habilidad para influir significativamente sobre el clima de una opinión política, siempre que se den circunstancias favorables para ello. Esto es especialmente cierto en las sociedades en las que los medios de comunicación están desarrollados, donde la difusión de noticias no se somete a censura y la población es instruida.[9]

Si observamos atentamente, las condiciones señaladas por H. Malcolm Macdonald para que los intelectuales influyan significativamente no existen a plenitud en el Perú, pues si bien tecnológicamente los medios de comunicación están desarrollados no lo está una ética periodística que anteponga el sentido de la veracidad al comercio. Tampoco dichos medios están desvinculados de los poderes económicos y políticos, por el contrario, prácticamente constituyen una unidad que da dirección al ejercicio periodístico propiamente dicho, y con ello se produce una censura tácita sobre la información. Curiosamente, los empresarios de la comunicación que exigen libertad para que la información fluya, son los que al conformar un paquete de intereses inexpugnable impiden tal ejercicio. Paradójicamente, los liberales que reclaman la menor participación del Estado para poder ejercer la libertad son lo que la coaccionan, en resumen, la conjunción de intereses empresariales ha reemplazado a cierto tipo de Estado (autoritario) en su papel de impedir la libre fluidez de las noticias. Esto bloquea a su vez que la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer ciertos hechos, pues no se trata solamente de que la información se emita, sino también de que esta sea posible de ser conocida e interpretada. De este modo, los medios actúan sobre una opinión pública escasamente instruida a la que desinforma aun más, constituyéndose un círculo vicioso que, al parecer, solo puede ser rota desde las redes sociales. La tecnología parece llegar para socorrer la libertad.

Aun en el escenario descrito que no porta muchas razones para el optimismo, lo importante de todo lo reseñado es esta nueva voluntad de los sujetos de ideas, re-encontrada, casi inesperadamente, por ser protagonistas, por estar presente con sus posiciones en el debate general que es lo que justamente el proceso electoral permite al amplificar los efectos de las palabras, dichas en cualquiera de las plataformas que están a disposición.

Como hemos visto, salvo algunas pequeñas excepciones, la mayoría de los intelectuales que se manifestaron públicamente lo hicieron en contra de Fujimori e implícitamente a favor de Humala. Ahora, ya conocido el triunfo del candidato de Gana Perú, para muchos se abre un periodo de expectativas en el que —y dentro del tema que estoy tratando— se tiendan nuevos canales que comuniquen el campo intelectual con el campo político, que no es sino otra forma de decir que el Perú —su régimen político, el Estado propiamente dicho, sus entes administrativos, su clase política— se institucionalice y se estreche la relación entre gobernantes y gobernados. ¿Se cumplirá lo que sostenía Lynch sobre un giro a la izquierda en el Perú?, ¿se construirá por fin una comunidad política, como proponía Adrianzén? Después de un buen tiempo, los intelectuales parecen regresar a la arena política, de la que el fujimorismo los había expelido. ¿Podrán cumplir con ese encargo? ¿Bajo cuál lógica participarán en la arena pública? ¿Encontrarán las claves para comunicarse con una sociedad que lo ha pasado todo (crisis económica, dictadura, corrupción, violencia política) y que está atravesada por la corrosión que conlleva la desconfianza mutua? Estas son solo algunas preguntas que se pueden plantear frente al escenario actual.

La historia nos muestra por medio de numerosos acontecimientos que para que exista una buena política es necesaria una importante vida intelectual. Luego de la evidente sequía de ideas durante el tiempo fujimorista (según Hugo Garavito, el primer gobierno que excluyó explícitamente a los intelectuales) y las secuelas que han cubierto la primera década del siglo XXI —cuando no se pudo establecer una nueva ligazón entre lo intelectual y lo político— al parecer podemos estar en los umbrales de un nuevo ciclo en que ambos campos se contacten. No se puede augurar cuáles serán los caminos que tomarán los sujetos ni el rumbo de los procesos mismos. Ello dependerá de las propias decisiones políticas que se tomen desde el Estado bajo el nuevo gobierno. Cuánto de esas decisiones de política estarán influidas de ideas y visiones sobre el país, solo lo sabremos en su momento. Mientras tanto, solo nos queda seguir actuando para que el campo que nos pertenece y del cual somos responsables, el intelectual, se fortalezca y se institucionalice. Quiero pensar que estamos en los albores de ese proceso.

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