Por Ricardo Solari
El entorno del Presidente entendía, desde siempre, que debía evitar se hiciera realidad la sospecha que su gobierno sería el gobierno de los ricos. La ratificación de aquella presunción, significaba la ruina del proyecto y el fin de la aspiración histórica de continuidad de la administración.
Es que todas las investigaciones sobre opinión pública en Chile (desde el PNUD hasta Adimark) revelan una abrumadora sensación de abuso e indefensión de los ciudadanos (consumidores). En el último tiempo, esta percepción se ha fortalecido, mutando hacia una crítica más global al sistema, crítica que unifica las cotidianas situaciones odiosas a que se enfrentan las personas en distintos mercados.
El endeudamiento aporta su cuota a esta sensación de agobio, aunque, según estudios del Banco Central, todavía se encuentre en niveles bajos respecto de los promedios internacionales. Hablamos del stock de deuda personal o familiar, que con certeza, en cualquier proporción, es inferior al de los países desarrollados. Sin embargo tal comparación no se hace cargo de aquellos aspectos que diferencian la frágil situación nacional ante el endeudamiento, de la anglosajona, que cuenta con atributos socioculturales y un dinámico mercado laboral que les permiten capear los riesgos del fracaso económico. Tampoco esa actitud es comparable con la europea que dispone, no tanto de un imaginario adaptado a los rigores del crédito, sino y aun pese a la crisis actual, de más redes de protección enfrente del infortunio.
La existencia de diversos, reiterados y escandalosos eventos (colusión de farmacias, polleros, La Polar, mina San Esteban), que ratifican la sospecha de anomalías severas en el funcionamiento de nuestro capitalismo, es otro condimento del contexto. Se advierte la impunidad de los responsables de los casos y la falta de una condena enérgica por parte de sus pares empresarios. Aquí hablamos ya no tan solo de abusos, sino de un sentido común generalizado de injusticia básica en esta sociedad estamental, donde los pobres pagan y los poderosos siempre eluden el castigo.
Los casos de empresas que desatienden deberes ambientales, laborales y comunitarios, se acumulan y se transforman en emblemas de una relación cada vez más problemática de las industrias con los entornos que habitan. La Greda, Fra-Fra , Rio Cruces, la extensa zona acuícola afectada por la crisis sanitaria del salmón, entre otras, son ejemplo de aquello. Una comunidad más activa, organizada e informada empieza a ser protagonista de esta nueva conflictividad. A raíz del litigio Codelco-Anglo, y del uso desconsiderado de una posición contractual, se agrega además un nuevo sentimiento, nacionalista en este caso, de inmenso potencial de crecimiento.
El gobierno está consciente de esta situación. Y en esta coyuntura pretende diluir los prejuicios asociados al equipo de gobierno y a su jefe. Este plan de escape tiene como punto de partida no solo el estado de ánimo y los eventos ya descritos, sino la percepción negativa que el propio Presidente colaboro a instalar con su larga saga de conflictos de interés. Pero hoy ya no se trata solo de una adversidad que se tiene que conjurar, sino que de una posibilidad remota, pero real, de adquirir algunas porciones de bienes esquivos para el Mandatario: credibilidad y cercanía.
La batalla se libra entonces en el terreno de la comunicación pública. El intento del Presidente y de sus ministros, en particular de Pablo Longuería, apunta a generar un clivaje, una tensión, entre un gobierno que aparece defendiendo los intereses de los débiles, versus unos poderosos empresarios que pretenden esquilmarlos.
Los casos mencionados y muchos otros, sirven como excusas para desplegar con gran amplificación este debate moral, aunque sus consecuencias empíricas posteriores sean aparentemente imprecisas, insuficientes o finalmente inexistentes. En el caso más bullado, el de la mina San Esteban, se formó una amplia comisión, se anunció una densa agenda, pero hasta el momento solo un proyecto de ley, de los muchos planteados (el que crea la Intendencia de Seguridad en la Superintendencia de Seguridad Social), ha avanzado en su primer trámite en el Congreso.
Pero más allá de la distancia entre anuncios y realizaciones, lo que importa en el análisis riguroso, es el despliegue de un lenguaje que puede cambiar realidades. La actual creación de comisiones para discutir cambios en los impuestos, se realiza sobre el terreno abonado de estos discursos respecto de las empresas y sus abusos. Y las consecuencias son obvias.
Saben también en el gobierno que los empresarios no tienen opción. Las utilidades de las grandes compañías en Chile han sido significativas en los últimos años .En el resto del continente la cosa tampoco es demasiado distinta a lo de acá .Un nuevo pacto social empieza a configurarse.
La misión actual del Ejecutivo es transformar este estado de ánimo en una oportunidad: marcar distancia, ficticia o real, del poder empresarial y hacer de este acto un sello final de identidad del gobierno de este Presidente billonario. No es un mal plan. En una de esas resulta.
Fuente fotografía: www.emol.com
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